Aspirina para un enfermo terminal.

La demanda estudiantil goza del apoyo popular porque a fuerza de escuetos slogans (“educación gratuita”, “fin al lucro”, etc.) ha hecho eco de ciertas injusticias sociales impresentables en un país que se precia de ser “democrático”. Democracia – dicho sea de paso- de dudosa procedencia.

Esa democracia puede que sea puesta a prueba, con la única  alternativa que los estudiantes buscan para saciar sus demandas: el plebiscito. El clamor popular haría lo que la inútil casta política –democráticamente elegida por las mismas personas que ahora reclaman- no ha podido resolver. Porque claro, las personas no son influenciables como los políticos que eligen. Nadie influye en la masa social que se manifiesta, ni siquiera los políticos “ineptos”  que eligieron.

¿Resolverá un plebiscito los problemas reales de la educación? ¿Resolverá un plebiscito una educación costosa que condena a las familias y a los estudiantes a endeudarse? ¿Resolverá un plebiscito un sistema educacional concebido desde sus inicios de forma errada? ¿Resolverá un plebiscito el tema del lucro en la educación? La respuesta es, al menos dudosa, si consideramos el diseño político que nos gobierna desde hace años.

En términos extremadamente básicos y no jurídicos, nuestra Constitución Política establece que cualquier reforma legal de relevancia que afecte  al país,  requiere de los votos de una gran mayoría de nuestros ilustres parlamentarios (4/7). Prácticamente, que casi todos los políticos del parlamento estén de acuerdo. Si tanto de un lado  como del otro, existen intereses comprometidos en materia educacional, lograr un gran consenso resulta virtualmente imposible o muy complejo. De manera que en términos sencillos, mientras no se modifique la Constitución, los “grandes temas sociales” nunca van a cambiar, los políticos serán los mismos y para los mismos problemas de siempre, existirán las mismas soluciones de antaño. Por último, en el evento de que se acuda a un plebiscito (que en estricto rigor se puede, pues basta que el Presidente lo convoque y que dicha convocatoria cuente con el apoyo de la mayoría de los miembros de ambas cámaras), la decisión recogida en ese plebiscito se  deberá transformar en ley, a través del mismo viejo sistema que hemos criticado y que consideramos perverso.

Antes de cambiar la educación es preciso cambiar el sistema. De lo contrario, cualquier remedio –incluso el plebiscito- resulta estéril para curar una enfermedad que tiene a la educación en un estado sumamente grave.